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El Presidente cántabro insiste en que es 'grave' que haya mecanismos que rompan la unidad de mercado
(El Diario Montañés).- Una nueva vuelta de tuerca. El día anterior la calificación fue de «muy negativa». Ayer, la crítica subió enteros: «la medida es peligrosa». Así lo expresó el presidente del Gobierno de Cantabria , Miguel Ángel Revilla, quien en 24 horas decidió aumentar el tono de su clara disparidad contra la nueva normativa aprobada en el Congreso de los Diputados que sirve de blindaje para el llamado «concierto vasco» que a partir de ahora queda en manos del Constitucional al adquirir rango de ley.
En un tono de claro rechazo a la decisión -crítica no compartida por sus socios del Gobierno, el PSOE, ni debatida por ahora en el seno del Ejecutivo-, el presidente cántabro y líder del PRC advirtió que si en base a lo aprobado se adoptara alguna medida perjudicial para Cantabria «pondré el grito en el cielo» y «mi obligación como presidente será denunciarlo». Revilla reiteró que esa medida puede, al menos en teoría, perjudicar a Cantabria.
Repitió que desde hace años viene manteniendo que «romper la unidad de mercado es muy peligroso». Un calificativo que también utiliza para el hecho de que algunas comunidades autónomas «puedan cambiar los impuestos a su antojo». «Es un problema», espetó. Una reacción contraria al acuerdo que también se puso de manifiesto anoche y con idéntica fuerza en el seno del Comité Ejecutivo del PRC en el que se analizó la proposición aprobada por el Congreso.
El líder del PRC puso un ejemplo gráfico a la hora de explicar los posibles riesgos: «Imagínense ustedes que ahora el Gobierno vasco, que nada en la abundancia del dinero porque tienen concierto económico y encima recibe del Estado dinero adicional, toma una medida de reducir el impuesto de Sociedades... Si hay una diferencia de 3-4 puntos sobre Cantabria se producirá un asentamiento industrial masivo en la comunidad que tenga esos privilegios». De ahí que dijera que «es algo grave» en el caso de que no tenga una «rectificación» por parte del Tribunal Constitucional, «algún mecanismo corrector que impida que en algunos territorios se tomen medidas en perjuicio de otros».
Aunque sin referirse directamente a Cantabria, la respuesta llegó ayer desde el Gobierno central. El vicepresidente tercero Manuel Chaves negó que el blindaje vasco vaya a provocar indefensión en las comunidades autónomas colindantes, y aseguró que el sistema tributario y financiero vasco es «razonable». Por ello acusó al Partido Popular de falta de coherencia, aprovechando que los diputados vascos del PP se ausentaron de la votación mientras el resto votó en contra.
El presidente de la CEOE de Cantabria, Miguel Mirones, indicó que la Comisión de Política Fiscal de la Patronal Española realizará un estudio detallado y emitirá «su visión al respecto». María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT, apuntó que lo importante es que el contenido de cualquier norma fiscal, «provenga de donde provenga», no suponga en ningún momento una «competencia desleal» con las autonomías españolas, en especial las limítrofes. Apuntó que el Estado «está obligado» a garantizar la cohesión social, económica y territorial y para ello tendrá que «articular los mecanismos que sean necesarios» para la compensación, el equilibrio y la armonización del desarrollo de todas las regiones. El secretario general de CC OO, Vicente Arce, calificó de «negativo» el acuerdo para blindar el concierto vasco «si éste no va acompañado de un acuerdo con el resto de las comunidades de la Cornisa Cantábrica que permita un tratamiento fiscal de mayor igualdad».
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