Situación de la justicia española: el porqué de las movilizaciones

Desde que España goza de un sistema democrático, los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado por todos los medios controlar la única faceta del poder que se les escapaba. Ciertamente, en un sistema arcaico en el que sólo accedían a la judicatura miembros de familias acomodadas y de un mismo extracto social e ideológico, la apertura del sistema a nuevas hornadas de opositores procedentes de todas las clases sociales, educados en la democracia y dispuestos a hacer respetar las leyes democráticamente aprobadas, lejos de satisfacer a los gobernantes les creó la inquietud de saber que, en adelante, sus habituales trapacerías no quedarían impunes.

Por lo tanto, una vez en manos de la nueva clase política los poderes legislativo y ejecutivo, tan sólo quedaba meter mano al judicial.

Los intentos de someter a la judicatura han sido constantes desde los primeros años de la transición. Para empezar, el establecimiento de un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de las fuerzas políticas, cuando la Constitución dice claramente que se han de elegir por los propios jueces. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, convertido ya en órgano político y no jurisdiccional, pronunció entonces una de sus sentencias más deplorables, admitiendo que eso era contrario a la Constitución pero aceptando pulpo como animal de compañía. A eso siguió la supresión de los poderes disciplinarios de los jueces sobre los funcionarios a su cargo, que les dejaba inermes ante la eventual dejadez (o incluso corrupción) de sus subalternos. Más adelante, la ley del jurado intentó sustraer ciertos actos delictivos de la facultad decisoria de los jueces, a costa de la calidad de la justicia y con un gran dispendio por parte del erario público, con el cual podría haberse duplicado el número de plazas de juez en España.

A todo ello se añade el hecho de que la estructura de la oficina judicial siga siendo la misma que en el siglo XIX, que se siga funcionando exclusivamente con papel y que no haya habido la menor informatización del sistema, salvo dotar a cada juez de un ordenador para escribir sus sentencias y conectarse a internet.

Por otro lado, los jueces son los grandes olvidados en los avances de los derechos sociales. Al no ser considerados como funcionarios, no se les aplican las subidas salariales ni las normas de conciliación; la mayor parte de su sueldo lo constituyen complementos que no cotizan para la jubilación; perciben las retribuciones más bajas del aparato del Estado para su categoría; los que han de hacer guardias cobran por ellas una cantidad indigna por la que ningún médico ni fontanero se levantaría de la cama a las cinco de la mañana para acudir a una emergencia.

Hace unos años, el Ministerio de Justicia se sacó de la manga un polémico sistema de retribución por objetivos, que se han dado en llamar "módulos". Estos módulos establecen unos porcentajes de actividad de cada juez, según determinados baremos, y trimestralmente se computa el "rendimiento" del juez para comprobar si tiene derecho al cobro de los módulos. Al margen de que las madres en baja maternal no tienen derecho a prorrateo del período afectado (que esa es otra), para cobrar el módulo hay que producir un 120 % del mínimo asignado. Y, aunque parezca inaudito, la inmensa mayoría lo superan. El Ministerio, convencido de que los jueces son unos vagos y que casi nadie lo iba a cobrar, se llevó un serio varapalo. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales esos módulos, porque entiende que el trabajo de los jueces no puede estar sometido a objetivos: deben hacer el trabajo que hay y punto. Aun así, haciendo gala de su proverbial respeto por las resoluciones judiciales, el Ministerio sigue aplicándolos.

Esto no sería tan importante si no fuera porque gran parte de la actividad de los jueces se queda al margen de esos módulos, de manera que, desde que existen, muchos profesionales se han centrado en aquellos asuntos favorecidos por el baremo. A esto no se puede reprochar nada, pues cualquiera que sepa algo de empresa entiende que el sistema de incentivos es una forma de orientar la actividad de los empleados que se someten a él. Lamentablemente, el Ministerio eligió un sistema sin pies ni cabeza en que, aunque parezca mentira, la ejecución de las sentencias no computaba absolutamente nada. Así, un juez cumplidor con los módulos (140 %) como el juez Tirado, de Sevilla, llevaba años desatendiendo la ejecución de las sentencias que él mismo dictaba. Probablemente no se pueda justificar un grado tal de negligencia en un juzgador, ya que, además de a los módulos, también se debe a la eficacia de su trabajo. Pero no olvidemos que unos meses antes había recibido una inspección rutinaria del Consejo en que no se había detectado ninguna anomalía reseñable. Porque, una vez más, en las inspecciones se obvia totalmente la ejecución de las sentencias.

Si a esto se añade la falta de comunicación entre juzgados, de la cual sólo tiene la culpa el que ha de aportar los medios materiales y técnicos, antes o después tenía que suceder una tragedia.
Por eso es bochornoso que se quiera hacer recaer en los hombros de uno o dos profesionales de forma exclusiva los fallos de todo un sistema. Si la multa de 1.500 euros al juez Tirado era discutible (aunque nadie niega que le estaba bien empleado un rapapolvo), no tiene nombre la desproporcionada sanción de dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo a su secretaria. Y es absolutamente despreciable la forma en que los responsables políticos (principalmente, el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno) se han pronunciado acerca de la labor disciplinaria del Consejo. La Vicepresidenta ha llegado a decir, en un descuido total de su ya inncecesario disimulo, que iban a nombrar a otro Consejo al que iban a exigir que fuera más duro, y que iban a dar las instrucciones al Ministerio Fiscal para que recurriese la multa de 1.500 euros. Pero, ¿no habíamos quedado en que la fiscalía era imparcial e independiente? ¿No habíamos dicho que el Consejo actuaría con libertad? No. De hecho, el Presidente ha tenido la desvergüenza de anunciar la elección del presidente del Consejo, para sonrojo de cualquier persona decente y de los vocales recién nombrados, los cuales se suponía que iban a nombrar de forma independiente a su presidente. Bochornoso, por unos y por otros.

Éste ha sido, realmente, el detonante de la movilización judicial. Además de que, por primera vez, han dejado fuera del Consejo a todos los no asociados, y que se han repartido el pastel entre el PSOE y el PP de manera tan descarada como repugnante. Tan sólo han concedido un vocal a la asociación Francisco de Vitoria (superior en asociados a Jueces para la Democracia, pero no alineada con ningún partido), y se han olvidado del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven y crítica.

¿Corporativismo? ¿En una carrera en que la mitad de los miembros no están asociados y los que lo están, en su mayor parte, están enfrentados entre sí? El juez Tirado no ha despertado ningún espíritu de solidaridad, ni mucho menos. Ni tampoco las demás sanciones que se producen cuando algún otro hace lo que no debe. Puedo dar ejemplos, si me los pedís. Entre los jueces ha reinado siempre, por motivos históricos, el sentimiento de honor, de que los jueces no debían ser reivindicativos ni tener conciencia de grupo. Este sentimiento ha sido expresado aun recientemente por miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (afín al PP). De entre los descontentos ha surgido recientemente (hace unos diez años) una nueva asociación, a la que antes he aludido, que pretende defender tanto los derechos profesionales de los jueces como las reformas necesarias en el sistema. Lamentablemente, la mayoría de los no asociados son reacios a creer en mensajes mesiánicos y permanecen (o han permanecido hasta ahora) pasivos. Me atrevo a comparar a esta asociación con Ciudadanos, por sus objetivos de renovación y cambio y por el puñetero caso que les hacen los medios y el público en general. Por supuesto, de afinidad política no hablo porque, precisamente, lo que quiere esa asociación es acabar con la politización de la justicia.

Para acabar esta "breve" exposición, dos datos más:

- Si se hubiera aplicado en su día la sentencia del asesino de Mari Luz, en el momento en que cometió el asesinato ya hace años que habría salido de la cárcel.

- El Ministerio de Justicia, con el ánimo de demostrar lo sinvergüenzas que son los jueces españoles, encargó hace no mucho un estudio a una consultoría independiente de ámbito internacional. Lejos de lo que esperaba el Ministerio, la consultoría llegó a las siguientes conclusiones:

- Los módulos establecidos para la paga variable de los jueces son leoninos (aparte de que, para cobrar, hubiera que cumplirlos en un 120 %).

- La carga de trabajo de los jueces es, en general, mayor que la que pueda tener ningún trabajador normal. Los horarios de trabajo que hay que cumplir (y que la mayoría cumplen) para atender esa carga de trabajo están fuera de cualquier convenio colectivo que se aplique en el mundo civilizado. El estudio nunca ha salido a la luz y sólo furtivamente ha conseguido conocerse su contenido.

Diego Esteban, es coordinador de la Agrupación de C's en Pamplona