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Por primera vez un tribunal madrileño ha considerado el odio ideológico como agravante de la pena por asesinato. Cualquier extranjero que visitase España estos días y leyera esa noticia por encima podría pensar que se trata de un juicio por un atentado de ETA. Pero no; no se trataba de ningún delito de terrorismo.
Un millar de asesinatos cometidos por ETA no han servido para que sobre ninguno de sus responsables recayera ese agravante, primero porque no existía ni nadie lo echó de menos hasta 1995 en que fue redactado; después, porque fue como si siguiera sin existir. Se me dirá que el delito de terrorismo está más penado que el delito a secas y que ese plus de penalidad ya absorbe e implica la agravación del castigo que supondría el odio ideológico, pero el Código Penal sólo basa el endurecimiento de la condena por terrorismo en la pertenencia a banda armada, o sea, en lo organizativo y no en la «fobia política». Un millar de acribillados a tiros o destrozados por las bombas no merecieron que se llamara «ideológico» al odio por el que engrosaron esa lista trágica.
Ha tenido que aparecer un descerebrado con una navaja y la cabeza rapada en el metro de Legazpi para que las «ideologías del odio» tomaran algún cuerpo penal. No estoy minimizando la gravedad de un asesinato como el de Carlos Palomino. Estoy simplemente mostrando mi perplejidad. Lo siento, pero no puedo entender que no se haya invocado antes ese agravante que ahora se le aplica a un espontáneo asesino de metro; que se haya pasado sin invocarlo sobre un millar de cadáveres de seres abatidos precisamente por el odio ideológico y sistemático a sus uniformes, a sus togas, a las siglas que representaban en un ayuntamiento rural o a las voces con las que gritaban libertad en la columna de un periódico. No puedo entender la compaginación de ese descuido jurídico con el celo con el que se ha tratado de demostrar el carácter político de un crimen urbano y de sustraerlo de la dialéctica de las tribus metropolitanas o del fenómeno pandillista de los que participa en una buena medida, se quiera ver o no. No digo que no haya «unas ciertas dosis de ideología» en el comportamiento del asesino de Carlos Palomino como también en éste y su grupo, que respondían a la «parafernalia antisistema». Digo que esas dosis son eso, «dosis», por estar tan mezcladas con lo estético y lo sociológico, con el contexto urbanita y juvenil. Por muy neonazi que se sintiera el asesino y por antifascista que se llamara la víctima, en ninguno de los casos esas «sensibilidades» tienen una traducción política real y seria. Ésta es la paradoja. A Josué Estébanez se le ha buscado la ideología hasta en la «estética skin» para endilgarle un agravante ideológico que se habría omitido en el caso del etarra Aitor Elizaran al que, sin embargo, le llamamos «jefe político». Obviando la sangrante paradoja, es, sin duda, positiva la llegada de ese agravante al guiñol judicial. A partir de ahora ya sabemos que el odio ideológico es algo detestable en cuanto que es punible cuando acompaña al delito. Que se apliquen el cuento los que han enseñado ese odio en la escuela vasca y los que lo han propagado en Cataluña o en Getafe, los que llaman «tontos de los cojones» a los que no piensan como ellos y los que hablan de «rojos» como si acabara de terminar la Guerra Civil. El odio ideológico nos interroga a todos.
(LA RAZON - Iñaki Ezkerra)
