Parece ser que en este país la democracia sólo funciona en un solo sentido, y sólo son los nacionalistas los que tienen derecho a marcar el camino que debemos recorrer. Se olvidan que tan legitimados como ellos están para pedir independencias estamos los demás para pedir que se supriman las autonomías. Al menos, por fin un ministro se ha atrevido de hablar de la suspensión de la autonomía vasca si Ibarreche persiste en su rebeldía ante el Estado de Derecho y sigue adelante con su referéndum ilegal.
Para empezar, los vascos, ni los catalanes, ni los gallegos, ni nadie en España ostenta ningún derecho de autodeterminación, por la sencilla razón de que jurídicamente en el ámbito del derecho internacional público, sólo está reservado a los procesos de descolonización o de ocupación militar. Y es que estas regiones, por mucho que se empeñen los nacionalismos en acudir a anécdotas del feudalismo, jamás han sido naciones, y por supuesto nunca han sido colonizadas y mucho menos ocupadas, ni por Castilla, ni por Aragón, y, ni cabe soñarlo, por España. Porque aquí la única nación, histórica y jurídicamente, ha sido y es España.
Ni los vascos tienen derecho a decidir si forman o dejan formar parte de España, como tampoco los alaveses tienen derecho a decidir si forman o dejan de formar parte del País Vasco o los de Amurrio de Álava. Es hora de dejar bien claro a los nacionalistas que no pueden violentar la Constitución ni la cohesión nacional, porque, dejemos de eufemismos de una vez, esa es la única manera de que la situación no degenere un día en un enfrentamiento que balcanice España.
No se puede tolerar un desafío secesionista y que por ende se amenace al Estado con movilizaciones sociales cuando el gobierno y la oposición usan estrictamente las vías que nuestro ordenamiento jurídico prevé, calificando los recursos ante el constitucional de decisión «prepotente y arbitraria» con consecuencias dramáticas.
Las últimas palabras de Ibarreche, «es un ataque directo a nuestra autonomía y supone, de hecho, la suspensión de nuestro autogobierno político, fruto del pacto alcanzado entre Euskadi y el Estado español en el Estatuto de Guernica, dejando a las instituciones vascas indefensas ante las decisiones caprichosas adoptadas unilateralmente por el Gobierno español», no son más que las palabras de un iluminado que quiere arrastrar a la sociedad española, incluida la vasca, a un precipicio.
En manos del PP y el PSOE está la responsabilidad de parar de una vez por toda esta deriva con firmeza y sin asquerosos cálculos electoralistas.
Publicado en MINUTO DIGITAL.
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