Bilateralidad y multilateralidad (Antonio Papell)

Publicado en Canarias 7, y El Diario de León, en relación con el artículo de Francesc de Carreras sobre las negociaciones del modelo de financiación autonómica.

Bilateralidad y multilateralidad

por Antonio Papell

El pasado jueves, el constitucionalista catalán Francesc de Carreras, uno de los intelectuales no nacionalistas más respetados de aquella comunidad, publicaba un admirable artículo en 'La Vanguardia' en el que aclaraba el fondo de la actual disputa sobre la financiación autonómica, provocada por la exigencia de Cataluña, contenida en el Estatuto, de que el Estado concrete bilateralmente con ella los efectos financieros de dicha carta renovada antes del 9 de agosto, y la lógica y frontal resistencia de todas las demás comunidades del régimen general a que se reforme el sistema empezando por satisfacer las exigencias catalanas.

Explica Carreras lo obvio, aunque por poco frecuentado sea bueno traerlo esta vez a colación: el artículo 156.3 de la Constitución establece que una ley orgánica estatal regulará la financiación de las comunidades autónomas. Dicha ley es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, aprobada en 1980 y reformada múltiples veces para irla adaptando a la cambiante y evolutiva realidad. De lo que se trata ahora y lo que pretende Solbes, por tanto, es consensuar una nueva reforma de dicha norma, que tenga en cuenta tanto las reclamaciones de las regiones 'ricas', empezando por Cataluña, basadas sobre todo en que el esfuerzo de solidaridad se contenga y se modere, cuanto las transformaciones experimentadas por la sociedad y muy particularmente los cambios demográficos producidos por la inmigración. La LOFCA, en fin, debe contener y abarcar toda la normativa de financiación, incluida la contenida en los propios Estatutos porque es de rango superior ya que proviene del específico mandato del constituyente.

Así las cosas, opina Carreras que lo lógico hubiese sido que los Estatutos de Autonomía no hicieran previsiones sobre la financiación autonómica, pero ya lo hicieron los Estatutos vasco y catalán de 1979, iniciativa entonces explicable porque el sistema estaba en mantillas no había LOFCA a la que atenerse. Y ahora, el Estatuto catalán reformado pretende la mencionada bilateralidad, con lo que, de hecho, está imponiendo su propio modelo al resto de las Comunidades.

En realidad, esto ya ha sucedido otras veces. Así, cuando Aznar pactó con CiU una mayor participación de Cataluña en los recursos estatales mediante una 'cesta de impuestos', aquello supuso -como era lógico por otra parte- la generalización de dicha mejora al conjunto de las comunidades autónomas. Y ahora Solbes pretende hacer otro tanto, por la sencilla razón de que sólo así será posible alumbrar una nueva LOFCA a gusto de todos. Su oferta, todavía inconcreta, de transferir una 'cesta' que incluya el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales es una exigencia catalana que el Gobierno quiere extender a todas las demás comunidades autónomas. No hay otro camino razonable para la reforma.

En política se han visto ya muchos dislates que han reducido a la mínima expresión nuestra capacidad de asombro; sin embargo, la inflamación de Montilla, más nacionalista que nadie y reclamando al Gobierno lo que éste no puede darle, es capaz todavía de excitar la perplejidad del espectador. El lunes, tendrá lugar la reunión de la comisión bilateral Cataluña-Estado, prevista asimismo por el nuevo Estatuto, pero seguirá siendo evidente que la solución final, la nueva LOFCA en fin, sólo podrá emanar del consenso obtenido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado, un organismo multilateral en el que tienen asiento junto al vicepresidente económico los titulares de Hacienda de todas las comunidades y ciudades autónomas.

Los representantes catalanes, que con seguridad tienen conciencia de todo ello, siguen denigrando el 'café para todos' que a la postre se terminará sirviendo mediante la nueva LOFCA. Pero así funcionan los Estados Federales precisamente, una evidencia que entra en flagrante contradicción con la reiterada afirmación de Montilla de que quiere avanzar en la dirección federalista.

Naturalmente, el margen de negociación se estrecha a consecuencia de la crisis, que impide la habilitación de fondos discrecionales para atender necesidades concretas (desaparecerá el de 1.700 millones de euros que facilita desde 2006 la financiación de la Sanidad). Pero la situación es la que es, y no tiene demasiado sentido forzar la máquina cuando se tiene enfrente el muro de la realidad.