Santiago Abascal: 'A la espera del certificado de defunción de la Constitución de 1978'

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La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña será eso, el certificado de defunción de una norma jurídico política que es papel mojado y deshecho.

Salvo sorpresa mayúscula, la sentencia del TC que preside Maria Emilia Casas no tumbará el Estatuto de Cataluña con contundencia.

Hace ya un tiempo que la Constitución de 1978 feneció. Valdría la manida frase de "entre todos la mataron y ella sola se murió" como epitafio de tan luctuoso suceso. Ahora es difícil saber incluso cuando se produjo con exactitud tan desgraciado hecho, porque la larga enfermedad de la finada, su lentísimo deterioro hacía difícil distinguir en sus últimos días si aun existía un soplo de vida, o si su aparente vida debíase únicamente al funcionamiento artificial, aunque penoso, de las instituciones, y a que nadie ha perdido aun ni sus poltronas ni sus prebendas. Tales parecen ser las únicas constantes vitales de la actual Constitución.

Esperamos ahora el certificado de defunción de un cadáver insepulto, de un cuerpo inerte, que ha tiempo que despide desagradables efluvios y provoca malestar e incomodidad en la sociedad española.

La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña será eso, el certificado de defunción de una norma jurídico política que hace ya mucho que es papel mojado. Salvo sorpresa mayúscula, la sentencia no tumbará el Estatut con contundencia, dando esperanzas a la sociedad española. Probablemente tampoco le dará la razón completa a la pléyade de separatistas y necios que la alumbraron. Será con toda probabilidad algo mucho peor que todo eso; una sentencia larguísima, inextricable como la selva amazónica. Intelectualmente inexpugnable incluso para los ciudadanos formados, interpretativa a gusto del consumidor y desastrosa para España. Pero será, lo quiera el TC o no, el certificado de defunción de la Constitución de 1978.

Hace ya demasiados años que los valores superiores del ordenamiento jurídico; la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son carcomidos por unas instituciones débiles frente al hecho secesionista que ostenta gran parte del poder del Estado. Hace ya mucho que la soberanía nacional no reside en el pueblo español sino en los grupos dirigentes de las comunidades autónomas; que la igualdad ante la ley es una figura retórica ; que hay más naciones, y realidades nacionales que la española. Podíamos seguir pero ¿para qué?

Ya solo nos queda saber qué tienen en la cabeza, cuáles son los planes de quienes repiten últimamente la cantinela de la aceptación de la sentencia del TC sea la que sea, como buenos ciudadanos demócratas de una democracia que está dejando de existir. Porque España, con el certificado de defunción de la Constitución de 1978 que expedirá el alto tribunal, dejará de ser un Estado constitucional; social, democrático y de derecho, para ser solo un ente, ni siquiera Estado, difícilmente social, aconstitucional, sin derecho y solo formalmente democrático.

Si quienes están dispuestos a acatar pastueñamente, a recibir encogidos de hombros, la sentencia del TC sobre el Estatut, tienen entre sus planes la reforma constitucional, para resucitar mejorada la presente Constitución, o pretenden engendrar una nueva, aun quedará una esperanza. Porque ése habrá de ser el único dilema de los hombres políticos que además sean hombres de Estado.

Lo demás; la servil aceptación de lo aparentemente inevitable, la renuncia a las grandes reformas, y la avidez por recoger la fruta, no madura sino podrida, de la alternancia política, no serán más que zarandajas, traiciones y ganas de tener entre las manos una cartera ministerial o sentar las posaderas en una secretaría de Estado.

(Publicado en El Semanal Digital)